Por Mario Vidal (Historiador-Periodista)

Se calcula que con el decreto de extinción de dominio, el Estado podrá recuperar $200 mil millones embargados por la justicia por casos de corrupción, más otros U$600 millones por casos vinculados con el narcotráfico.

La medida permitirá, aseguran las esferas oficiales, recuperar a través de tribunales civiles numerosos bienes y activos mencionados en distintas causas penales. Entre dichos bienes figuran propiedades de Lázaro Báez, del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, de Milagro Sala, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de su hija Florencia y de otras figuras del gobierno anterior.

Previsiblemente, el kirchnerismo y los boletines oficiales de la oposición, entre ellos Página 12, montaron en cólera ante el anuncio del decreto, por parte de Macri. La historia argentina recuerda un antecedente hoy olvidado en éste sentido. Data de 1955 e involucró al por entonces ya ex presidente Juan Domingo Perón. Éste, que se había dado a la fuga a bordo de una cañonera paraguaya, en octubre de 1955 estaba en Asunción.

Una inmensa fortuna

Allí concedió una entrevista de cincuenta minutos al corresponsal de United Press, a quien le dijo que iba a quedarse a vivir definitivamente en el Paraguay. “No pienso ir a Europa porque no tengo dinero para hacer de turista, a pesar de la inmensa riqueza que me están atribuyendo mis detractores”, señaló. Afirmó que sus únicos bienes eran la quinta de San Vicente, los derechos de autor del libro La Razón de mi Vida y una donación del naviero Alberto Dodero a Eva Perón.

“El que descubra otro bien –dijo- puede quedarse con él”.

Pero pronto se supo que había mentido. En Buenos Aires, en varios inmuebles que también eran de su propiedad, encontraron una inmensa fortuna. Se trataban de 1.200 plaquetas de oro y plata, 756 joyas de platería y orfebrería, 650 alhajas, 144 piezas de marfil, 430 armas antiguas y modernas y 394 objetos de arte. También descubrieron 211 motos y motonetas, 19 automóviles, un avión y dos lanchas.

En otra de sus propiedades, ubicada en Teodoro García 2102, detectaron una habitación secreta cuya puerta de entrada estaba camuflada bajo una escalera. Avisados por el personal doméstico de que en ese recinto secreto había un tesoro, vinieron varios funcionarios del gobierno de la “revolución libertadora”. Había ocho cajas fuertes cuyas combinaciones sólo Perón y el ex gobernador Vicente Carlos Aloé conocían, de modo que las abrieron con sopletes.

Dentro de las cajas fuertes brillaba una increíble colección de joyas de Perón y de Eva Perón. Llamaron al escribano mayor de Gobierno y a tasadores del Banco Central, quienes inspeccionaron lo encontrado y lo valoraron en 60 millones de pesos. Acudieron también peritos privados, que tasaron el tesoro en cien millones de pesos. Una colección de esmeraldas fue cotizada en 6 millones de pesos, una gargantilla de brillantes (solitarios) en 5 millones, y una pulsera de brillantes en 1 millón.

Había, incluso, una colección de marfiles. Uno de ellos era un colmillo de elefante del siglo XVII finamente tallado, que valuaron en 1 millón de pesos. Otras cajas contenían 250 kilos de oro en plaquetas que habían sido desmontadas de la infinidad de objetos regalados a Perón por sindicatos, empresas, gobiernos provinciales y filiales del partido peronista de todo el país.

Luego descubrieron más tesoro escondido en una vivienda de la calle Luchetti 2182 de Vicente López, donde vivía la adolescente Nélida Haydée Rivas, la “amante niña”, como se la conocía. La casa, valuada en 140.000 pesos, como las joyas encontradas en su interior eran regalos que Perón le venía haciendo a la menor desde dos años atrás. Todo lo mencionado eran cosas que por su precipitada fuga del país no había tenido tiempo de mandar al Uruguay o  Suiza, lugares donde poseía cuantiosos bienes.

El gobierno de Aramburu creó un organismo denominado Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial, a través del cual todo aquello fue transferido al Estado.

Batalla judicial

Ya instalado en su mansión de Puerta de Hierro, en Madrid, Perón puso un abogado para gestionar ante los tribunales de Buenos Aires la devolución de aquellos bienes. Según ese abogado, todos eran regalos que le hicieron a Perón durante su gobierno. “Mi mandante –alegó en un extenso escrito- tiene derechos adquiridos con respecto a todas las donaciones que recibió durante el desempeño de su cargo de presidente de la Nación, pues ellas reconocen causas legítimas y no están originadas en la magistratura o en el ejercicio de su función pública”. En otro escrito indicó que “en los años de gobierno de mi representado, innumerables entidades nacionales y extranjeras le obsequiaron objetos preciosos de toda índole, los cuales están debidamente valorados e inventariados”. Concluyó que “en forma legítima” todas esas joyas y demás propiedades eran de Perón. Su reclamo no prosperó.

El 15 de noviembre de 1955, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Penal Especial y la Cámara Contencioso Administrativo de la Capital Federal coincidieron en confirmar la transferencia a la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial de todos los bienes que de una u otra forma Perón había recibido entre los años 1943 a 1955.

La explicación de la extraordinaria cantidad e importancia de las donaciones hechas a Perón, según la justicia, obedecía a otras razones “bien definidas”. El 21 de junio de 1957, la Corte Suprema de Justicia confirmó en forma definitiva “la transferencia al patrimonio del Estado de todos y cada uno de los bienes adquiridos por Juan Domingo Perón a partir del 4 de junio de 1943”. Únicamente le devolvió “las condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros, los bienes secuestrados a la menor Nélida Haydée Rivas y los derechos de autor considerados en sí mismos sobre el libro La Razón de mi Vida”.

Se le sacó todos los demás bienes porque, según la sentencia del máximo tribunal nacional, “las riquezas mal habidas no tienen raigambre constitucional”.

Mario Vidal es un reconocido historiador de origen paraguayo que reside en Resistencia (Argentina). Es el único escritor que logró presentar seis de sus obras en el Congreso Nacional Argentino. Su libro Napalpí, la herida abierta, que ya lleva varias ediciones, generó una demanda judicial por 116 millones de dólares contra el Estado Argentino, entablada por dos etnias aborígenes argentinas.Ha pronunciado conferencias en diversos países americanos y en España.